Reflexiones sobre el sector agropecuario panameño. Por Iván Abdiel Quintero

Una mirada a la configuración histórico-social del sistema agrícola y pecuario panameño, muestra dos fenómenos que todavía gravitan en el sector rural istmeño: la concentración de las mejores tierras en un reducido número de propietarios y el despliegue de las relaciones sociales asalariadas.

El saldo es un intenso proceso de diferenciación entre los productores. Los polos principales de esa dinámica de diferenciación son por un lado, los grandes propietarios que dominan la producción de la mayoría de los rubros comerciales (arroceros, propietarios de extensos cañaverales, ganaderos, grandes avicultores, etc.), y por el otro lado, los trabajadores (asalariados con o sin tierra, propietarios de minúsculas parcelas de tierra, peones temporales que se mueven de una a otra cosecha, entre otros), quienes están sometidos a condiciones de pobreza y pobreza extrema.

OTRAS AFECTACIONES

En el periodo más reciente se agrega la impronta de las políticas neoliberales, cuyas expresiones concretas son: el retiro de la inversión del Estado (privatización de activos, abandono tanto de la extensión agropecuaria y del papel que como comprador tenía la institucionalidad estatal con el objetivo de estabilizar precios, entre otras), la paulatina pero creciente desregulación arancelaria, que desencadena una avalancha de importaciones en desmedro de la producción nacional.

Este aumento de las importaciones en más de una decena de rubros, produce efectos visibles y negativos como la reducción de los precios internos, que llevan a la ruina a los productores. Esto último, lesiona incluso a medianos y grandes productores, que han estado incorporando relativamente niveles tecnológicos en algunas fases de la producción de alimentos.

Consecuencias

Las consecuencias de todo lo anterior, ya no se pueden esconder. Solo un ejemplo puntual de un producto como el arroz: uno de los representantes de los grandes productores de arroz local ha señalado que: ‘la producción de arroz para el período 2014-2015 fue de 50 mil hectáreas a nivel nacional, mientras que para el período 2015-2016, aunque todavía están sembrando, la cifra podría disminuir a casi la mitad'. ( La Estrella de Panamá , viernes 3 de julio de 2015).

Veamos las importaciones de arroz, de una sola partida arancelaria, en el último quinquenio (2010 – 2014). Gráfica Nº 1.

Obligados a mostrar otra partida arancelaria, es el caso de ‘los demás arroz semiblanqueado o blanqueado (10063090)'.

Quedando claro que si bien, se puede observar un descenso de los valores monetarios de las importaciones de la partida 1006.1090 a partir del 2011; por el otro lado, es visible un ascenso en el valor de las importaciones de ese mismo rubro bajo la partida arancelaria 1006.3090, para el trienio 2012 – 2014. Gráfica Nº 2.

En este artículo, por el espacio, permítanme los lectores apuntar dos cuestiones que se desencadenan de todo esto.

En primer lugar, el incremento desmedido de las importaciones, atenta contra la posibilidad que tienen los productores del país de ofrecer alimentos sanos, a precios módicos y en suficientes cantidades para el consumo de la población (seguridad alimentaria).

Además las últimas cinco administraciones, han diseñado políticas sectoriales que han priorizado la rebaja arancelaria y el desencadenamiento de las importaciones.

Sin embargo, esas directrices generales de políticas, no son el resultado de la participación de todos los actores del campo rural, sino que obedecen a los requerimientos de los organismos financieros internacionales y las empresas extranjeras que controlan desde la producción, los precios, el comercio y la oferta de agroquímicos.

En el contexto anterior, nuestra soberanía alimentaria no existe.

En segundo lugar y no menos grave, el despliegue de toda esta realidad, ha significado, un aumento de las pérdidas netas de puestos de trabajo o en otros términos, un mayor desempleo y el agravamiento de las condiciones socioeconómicas de los campesinos. Gráfica Nº3, ilustra este fenómeno.

De todo lo anterior, urge el diseño de una política sectorial que sea el resultado del consenso de todos los actores. Esto significa no solo apoyo estatal a los productores más grandes y eficientes, también a los medianos productores sino asistencia técnica y crediticia a los pequeños productores y por último y no menos importante, mejorar las condiciones de trabajo, de salario y facilitar la organización de los trabajadores agrícolas, que a fin de cuentas sostienen la seguridad alimentaria de todos los panameños.