Sobre Los Papeles de Panamá. Por José Raúl Blandon

Panamá siempre se ha dedicado a proteger activos a nivel internacional. Ya durante la década de los 70s— por ejemplo— una de las grandes firmas locales, aun vigentes en la actualidad, manejaba directamente gran parte de la fortuna de Aristoteles Onassis, para proteger precisamente el patrimonio e intereses de la familia Onassis. Y tradicionalmente las firmas panameñas han practicado de esa manera. Hay que estar claros que el sistema de servicios legales de Panamá se sostiene sobre el principio de la confianza, garantizando que nadie conozca la identidad de muchas de las personas que utilizan estos servicios. El problema esta en que actividades como el narcotráfico, la trata de personas y/o el terrorismo están anuentes que los sistemas y flujos se manejan de esta forma. Y se han introducido dentro de los mismos con el objetivo de proteger el rastro de sus agendas ilícitas.

Pero, ¿Por qué Panamá? ¿Por que titular el escándalo ‪#‎PanamaPapers‬? ¿Por que no ‪#‎MFPapers‬? ¿Que intereses se esconden detrás de todo esto?…Vladimir Putin— Presidente de la Federación Rusa, de quien se dice posee una red de sociedades offshore valoradas en 2 mil millones de dólares— por ejemplo— esta manejando mucho mas dinero en cuentas de esta naturaleza en Inglaterra, donde es dueño indirecto de una serie de cadenas de TV en todo el Reino Unido, así como agencias y fabricas de defensa. Entonces. ¿Donde están los‪#‎UKpapers‬ si estamos hablando de la misma cosa? La realidad parece remitirse a una acción coercitiva por parte de la OCDE a Panamá por no someterse a la disposición de intercambio automático de información financiera, porque la misma, golpea directamente un músculo importante de la dinámica económica panameña. Recordemos lo que acabo de mencionar, la confianza y la privacidad son la base de los servicios legales panameños.

Retrocedamos un poco, recordemos que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es un brazo articulador de las políticas económicas (financieras y tributarias) del G-20 o Grupo de los 20, que no es mas que el foro compuesto por las grandes potencias económicas industrializadas. En estos momentos en donde globalmente la economía se ha visto golpeada por distintos motivos, la OCDE y las naciones que la componen han invertido muchísimo esfuerzo—político, económico y logístico— para gestionar la homogeneización normativa que proponen. Disposición a la cual, a priori, Panamá se negó debido al particular sistema de servicios legales que se proveen en el Istmo. Convirtiendo a Panamá en contrapeso de un consenso, no solo construido por la mayores potencias económicas sino ademas respaldada por otras 96 jurisdicciones alrededor del globo.

Uno de los grandes catalizadores de la economía panameña es —sin duda— su sistema de servicios legales. Y esto la OCDE lo sabe. Al golpearnos ahí, pretenden desplomar un sector importante de nuestra economía. La realidad es que la desestabilización política producto del #PanamaPapers no solo afectará a la persona que hasta hace poco era vice presidente del actual partido oficialista, sino que de carambola afectara tanto al presidente como a la misma marca país. Sin olvidar a los clientes de estas firmas, que se verán obligados a retirar sus activos de Panamá ya que este escándalo no les brindara la seguridad jurídica necesaria.

Ahora, ¿Habrá repercusiones legales reales en todo este asunto? ¿Puede abrirse un proceso internacional o penal? ¿Puede hacerlo el gobierno panameño? No, no y no. La realidad es que este escándalo es, por ahora, puro bochinche internacional. Para que la justicia panameña pueda accionar ante este asunto habría que declararse—por ejemplo—por la justicia española que Messi evadía el fisco, o por el gobierno Ruso los asuntos vinculados a Putin, o en Argentina a Macri, y así mismo con los demás líderes y personas de alto perfil mencionados en este escándalo. Desde la óptica probatoria—si nos vamos al derecho anglosajón— la forma de adquisición de los documentos no tiene validación. La prueba debe ser idónea y la forma de obtención debe ser legal.

Al final, esto no es un asunto de derecho internacional público, ya que la posición de muchos abogados, incluyendo los de las grandes firmas, es llevar todos estos casos directamente a la Corte Internacional para que esta determinen las competencias, que ninguno de estos organismos como la OCDE o el GAFI posee ya que son organismos sin personería reconocida ante el Derecho Internacional Público por lo tanto sus actuaciones no son vinculantes. En pocas palabras ellos saben que donde se lleven directamente a la Corte Internacional no se reconocerá el valor legal de ninguna de sus medidas. Su valoración es solo equivalente a una acción de política económica internacional. Una que daña imagen, pero que no genera ninguna tipo de responsabilidad de carácter legal.

John F. Kennedy tenía una frase que me parece cabe dentro del marco de este asunto. “Cuando el juego se pone duro, los duros entran en el juego y las jugadas tienen que ser duras”.