Propuestas para elaborar un programa agrario revolucionario en Panamá. Por Olmedo Beluche

Mejorar la situación del sector agropecuario panameño, por extensión el de cualquier país, depende de factores internos (es decir, decisiones políticas y políticas públicas nacionales), pero también, dada la alta interdependencia económica de los países en un mundo cada día más globalizado, de factores internacionales sobre los que no se tiene control, al menos desde la esfera nacional panameña.

Modificar la situación y las tendencias negativas que pesan sobre el agro panameño requiere la adopción de una serie de medidas en ambos ámbitos, nacional e internacional. Aunque desde lo internacional siempre habrán importantes aspectos fuera de control que, en última instancia pesarán sobre las decisiones que se puedan adoptar dentro del país.

Mientras el mercado mundial sea una economía que obedezca a las leyes económicas del sistema capitalista persistirán factores que pesen sobre las políticas nacionales: competencia, monopolios, subsidios, acceso o restricciones a mercados, precios de productos en el mercado internacional, intervencionismo político y militar, etc.

Como han señalado los clásicos marxistas del tema, empezando por el propio Carlos Marx y especialmente por V. I. Lenin, la superación de la contradicción entre el campo y la ciudad, que implica la producción agropecuaria con técnicas industriales, con una creciente división del trabajo y cooperación del mismo, sólo será plenamente posible superando la explotación de clases capitalista, que muchas veces se apoya en las diferencias para aumentar las tasas de ganancia.

Pese a las sobredeterminaciones externas, de todos modos es posible tomar decisiones de políticas públicas que mitiguen los efectos acumulados de 30 años de políticas neoliberales contra el sector agropecuario panameño. Pero hay que ser conscientes de que, adoptar las medidas de políticas públicas que vamos a sugerir a continuación, tienen como requisito previo que el país se vuelque por un nuevo modelo político, un nuevo tipo de gobierno, basado en una nueva alianza social diferente a la que ha venido gobernando durante estas tres décadas.

Una alianza de clases entre trabajadores asalariados, campesinos pobres y medios, comunidades agrarias, pueblos originarios y capas medias urbanas, unidas en un gran proyecto político revolucionario, de carácter antiimperialista, democrático, popular y socialista. Sin ese cambio político, sin ese prerrequisito político y social, no es posible empezar los cambios en la esfera de las políticas públicas.

Porque, en última instancia, los problemas que enfrentamos no son de tipo técnico, como pretenden algunos “desarrollistas”, sino estructurales, es decir, sociales. Por ende, las soluciones no son de carácter tecnocrático, de medidas, sino políticas. La forma específica que adquiera ese proyecto político de transformaciones, sólo el tiempo y las circunstancias concretas lo dirán.

De lo general a lo particular, un nuevo tipo de gobierno panameño, debería adoptar un conjunto de medidas como las siguientes, para ayudar al sector agropecuario a superar la crisis actual:

1. En el aspecto internacional

a. Romper los acuerdos económicos que nos obligan a adoptar criterios de tipo neoliberal y que suelen imponer entidades financieras internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. En particular, hay que abandonar el criterio neoliberal que condena toda intervención económica desde el Estado como negativa. Porque se requiere una participación activa del Estado panameño para poner orden y sacar de la crisis al sector agropecuario. ¿Qué tipo de intervención, socialista o keynesiana?  Las circunstancias lo dirán pero la experiencia ha demostrado que cualquiera de las dos es mejor al enfoque neoliberal.

b. Revisar los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio que nos obligan a adoptar criterios de apertura de mercado para volver a esquemas proteccionistas en los rubros que se definan como estratégicos para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria del país.

c. Repudiar el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos de América porque condena a una competencia desleal al sector agropecuario en un plazo de menos de 20 años.

d. Propender a acuerdos de comercio internacional que promuevan la integración económica desde el punto de vista la complementariedad y la solidaridad de las economías nacionales de naciones hermana, y no la competencia e imposiciones monopólicas de países imperialistas. En ese sentido, conviene acercarse a instancias como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Evidentemente, este conjunto de cuatro medidas podrían colocar al país en colisión con los intereses políticos y económicos que controlan el mercado mundial, lo cual podría traducirse en otros factores adversos como sanciones económicas y presiones políticas. Dependerá de la sabiduría de los gobernantes que adopten estos criterios, y de la situación específica de las relaciones de fuerza internacionales,  manejar de manera algebraica, estos cuatro principios básicos.

2. En el aspecto nacional

1. Se requiere un estudio más profundo que éste para precisar la realidad socioeconómica del agro, diferenciando los diversos sectores sociales que lo integran, el régimen de propiedad y su distribución, así como los mercados y su acceso. Estudio cuya conclusión debe establecer una nueva REFORMA AGRARIA.

2. Una reforma agraria que defina un régimen propiedad que, a la vez que establece que la tierra es propiedad de todos los habitantes del Istmo (en un esquema semejante a la definición constitucional del subsuelo y el mar territorial), entregue títulos a los pequeños y medianos parcelistas con igual validez jurídica, como una forma "transitoria" (al decir de Lenin) que ayude a superar las viejas ilusiones pequeñoburguesas del campesinado. Una verdadera reforma que incluya la propiedad colectiva de la tierra como una forma legítima de posesión apoyada por el Estado, no sólo para la propiedad colectiva tradicional de los pueblos originarios, o los ejidos comunales que puedan subsistir, sino también para formas modernas de propiedad como las cooperativas y granjas estatales.

3. La reforma agraria deberá definir una doctrina frente al agronegocio, tratando de fijar límites a la propiedad privada de la tierra, así como al control monopólico sobre la producción y comercialización de determinados rubros. Control monopólico que es el primer obstáculo en el control de precios de mercado para la canasta básica alimenticia. ¿Hasta qué punto la política debe ser "controlar" o "nacionalizar" el agronegocio? Las circunstancias lo dirán. Pero lo primero es acabar con el esquema histórico del latifundio panameño, legitimada por la reforma agraria de los años sesenta: "una vaca, una o dos hectáreas".

4. Se debe adoptar desde el Estado, en un esquema de seguridad nacional, una estrategia urgente de seguridad y soberanía alimentaria, que parta por la definición de qué rubros son los fundamentales para garantizar esos objetivos, y en torno a ellos definir un esquema completo que incluya medidas proteccionistas y de incentivo, procurando un equilibrio entre precios justos a los productores y precios justos a los consumidores, al menos en cuanto a canasta básica alimenticia.

5. Proteccionismo. Definidos los rubros estratégicos cuya producción hay que promover y garantizar, se requiere controlar las importaciones que les compitan en el mercado interno, recurriendo a las medidas tradicionales: desde prohibición total de importaciones, limitación de volúmenes (mientras no se sea autosuficiente) hasta castigos arancelarios.

6. Medidas de incentivo a la producción, deben partir por establecer precios justos a los insumos, desde semillas, agroquímicos hasta herramientas y maquinarias. La única forma de garantizar cierto control, ya que el control total no es posible porque gran parte de los insumos debe importarse con lo cual escapa de las decisiones nacionales, es establecer una empresa o entidad pública que los suministre a los productores. Sea que la empresa los importe buscando las mejores opciones en el mercado internacional, o a través de acuerdos comerciales, o se proponga su producción nacional (lo cual puede ser factible rápidamente en cuanto a semillas mejoradas y algunos agroquímicos, pero no es tan fácil en cuanto maquinaria).

7. Precio sostén y accesibilidad al mercado. En este aspecto el gran enemigo a vencer son los "intermediarios" o especuladores nacionales que controlan la comercialización. Esto requiere una política que vaya más allá que las llamadas "ferias" ocasionales. Se requiere una empresa pública que controle la comercialización y la "cadena de frío", que procure equilibrar "precios justos al productor" y "precios justos al consumidor".

8. Hay una serie de medidas ambientales, sociales y económicas que se requieren, y que están demandando tanto los pueblos originarios y las comunidades, que han sido la causa de las principales luchas del último período: el tema de la minería, los embalses e hidroeléctricas. En estos temas se requiere romper con las imposiciones y despojos de los gobiernos neoliberales que pasan por encima de las comunidades. El debate realmente democrático y la consulta seria a las comunidades, es la única forma de que se equilibre con racionalidad la aparente contradicción entre: demandas económicas nacionales y la protección de los ecosistemas y formas de vida de las comunidades. Salvo alguna crisis aguda, el Estado deberá legislar a favor de la demanda popular de eliminar tanto la minería a cielo abierto como las grandes represas hidroeléctricas por el daño que causan al ambiente.

9. No hay política agraria coherente que no parta por reconocer de manera constitucional, jurídica y práctica los derechos de las naciones originarias de Panamá, así como el respeto debido a sus tierras, a sus formas de vida, de organización social y autogobierno.

10. La política agraria también debe contemplar una legislación completa y efectiva para la clase trabajadora del campo y sus derechos laborales, los cuales no se han respetado hasta ahora, convirtiéndola en el sector más explotado del país. Se requiere que todas las garantías del Código de Trabajo tengan plena vigencia para los peones, desde la estabilidad laboral, las prestaciones de todo tipo, la negociación colectiva y la libertad sindical, la prohibición del trabajo infantil, hasta salarios justos. En el último tema, hay que modificar la ley de salario mínimo que divide al país en zonas y categorías fijando salarios desiguales por sector, de los cuales los peones son los peores pagados. La igualdad de derechos y la igualdad salarial deben ser los principios de los que parta la política estatal en favor de la clase obrera del agro.