¿El Ministerio Público: Guardián de la Justicia?

 

El Ministerio Público en Panamá tiene una larga tradición patria de marioneta del Ejecutivo. Se dio en los gobiernos liberales, se profundizó durante el régimen de Torrijos y Noriega y cada vez que viene un Pérez Balladares y un Martinelli Berrocal se convierte en escándalo público. Pero el problema de la Justicia va más allá de la cara “indecente” del Ministerio Público y hace estremecer a la misma nación panameña. Decirlo es fácil, explicarlo es difícil. Pongo dos ejemplos para sustentar la afirmación del fallo sistémico e institucional de la Justicia en nuestro país.

La ley 40 de responsabilidad penal de los menores fue aprobada por presiones internacionales. Fue una farsa porque no recibió apoyo presupuestario ni del gobierno de Pérez Balladares, Mireya ni Martín. Lo que se hizo fue descalificar dicha ley y promover el uso de la mano fuerte y dura. Al llegar al gobierno del CD la mano dura se trasforma en la mano levantada, autorizada a disparar. Lo que se quiere en volver al Código Penal de Porras que aplicaba la ley penal de adultos a las niñas de doce años y a los niños de catorce. Es como volver a los tiempos Maquiavelo y de Tomás Moro cuando el destino de los pobres en la Metrópoli era terminar en la guillotina o morirse de hambre y sed. El problema es que la ley penal de responsabilidad de menores no es una ocurrencia del presidente de turno sino una obligación moral que todo gobernante debe cumplir si quiere que la justicia prevalezca sobre la injusticia. Es, más bien, una conclusión justa y necesaria construida por la inteligencia de gente que cree que los menores saben lo que es justicia y cuando son tratados injustamente, la rebeldía, el resentimiento y el “voy con todo y por fuera” es el resultado esperado. El nueve de enero sucedió lo que se sabía que iba a suceder por la política represiva y abusiva del gobierno de Cambio. Una juventud rebelde y sometida muere quemada mientras que sus compañeros tiran piedras para que se le trate dignamente como seres humanos, un Centro de Hacinamiento que retóricamente se le llama Centro de Cumplimiento de Infractores Menores.

El segundo ejemplo, la ley 74 que permite a la policía matar y seguir trabajando hasta que no haya terminado en firme el proceso de enjuiciamiento y condena. Así lo quiere el Ejecutivo, así lo decidió el Concejo de Gabinete y así lo aprobó la Asamblea Nacional. Hablar de seguridad jurídica no tiene sentido en un régimen presidencialista con diputados sumisos y con una Corte pegada al presupuesto, como cualquier mamífero sin diente.

El caos jurídico es funcionalmente desastroso para la sociedad. Ni los menores confían en la justicia y los padres temerosos esperan que las batidas se utilicen para promover relaciones indebidas entre pandilleros, custodios y jóvenes desprevenidos. Para que existen los Derechos Humano del Niño(a) y una ley 40 que nunca será bien comprendida y menos bien aplicada. Mejor dejemos que los teóricos de la mano fuerte que gobiernan siembren el caos y la incertidumbre. Vale la pena indicar que lo contrario al “cosmo” filosófico es el “caos” político.  De que sirvieron las mesas de dialogo, la sociedad civil, el código garantista de la justicia calificada, expedita e imparcial si la prioridad del ejecutivo es más plata para la seguridad en las fronteras, en aviones y cañoneras y en pie de fuerza de oficiales y altos mandos. En el 2011, el país tendrá seis bases navales armadas que podrán utilizarse como fuerzas de disuasión y represión contra el pueblo panameño.

Cuando la sociedad no cuenta con  “guardianes de la justicia” – que es la función del Ministerio Público – entonces la política no es el bien común ni convivencia democrático sino la guerra de unos contra otros o el dominio de los poderosos a sangre y fuego.

DR. ROBERTO AROSEMENA JAÉN

Catedrático de Filosofía de la Universidad de Panamá.