Dialogar, acordar, firmar y cumplir… ¿Los verbos de la Paz…?


En la segunda semana de este mes edita el ELN en su página web, en la Revista Insurrección, un extenso documento que en lo esencial plantea la necesidad de encontrar un camino para la solución política del conflicto armado en Colombia. En él hace explicita su voluntad de paz, la importancia de la sociedad civil y la comunidad internacional en el proceso lo cual no es nada nuevo. Esos tres aspectos, constituyen el eje central del discurso de paz de la organización, que ahora une a otros componentes como “…crear un gobierno de nación, paz y equidad, sustentado en un Estado de Derecho… ( en un régimen) de democracia, bienestar y libertad”; todo absolutamente alcanzable en el marco de una autentica sociedad democrática liberal y burguesa, si se quiere.
A esto hay que ligarle otro elemento, al ubicar la organización “como parte de la oposición,… comprometidos en la construcción de soluciones no militares a los problemas de la sociedad colombiana”,  por la connotación política incluyente del término oposición que saca el conflicto de la relación amigo-enemigo, propio de la guerra, para situarlo en el campo de la política como adversarios. Aunque son sutilezas del discurso, suelen ser relevantes a la hora de emprender procesos.
Igualmente la organización abona el camino con otros componentes que resultan importantes como pre-requisitos de un proceso de paz, cuando afirma que “no se deben pretender soluciones en un acto, sino en un proceso que dé confianza a las partes y que ellas mismas lo construirían en acuerdos mutuos, que el pueblo y la nación refrendarían”; en concreto está señalando el ELN, que la solución política debe erigirse como proceso lento de diálogos y acuerdos, y en el marco del mismo reconstruir la confianza entre las partes, que se ha perdido en una larga historia de incumplimientos.

Hace pocos días el ministro del interior y de justicia, Germán Vargas Lleras, anuncia a través de los medios, que en el país nunca volverán a haber zonas de despeje, lo que no resulta nada novedoso, ni ningún avance en materia de política pública de paz, con la cual los últimos gobiernos están en deuda con la nación. Realmente lo que hay que despejar es el escenario de la inexistente política de paz, de los obstáculos que el anterior presidente le coloca al proceso con la caracterización, fabricada por José Obdulio Gaviria con el planteamiento, de en Colombia no hay conflicto armado, ni guerra, sino  amenaza terrorista. El gobierno Santos va tener que tomar distancia de esta postura y pensar cómo va a empezar a darle utilidad a las llaves de la paz, abriendo puertas. Qué bueno sería pensar la afirmación del ELN en el sentido de que “reconocer el conflicto es un primer paso, para resolverlo… seguir deformándolo y presentándolo como un estallido terrorista, es cerrar la puerta. Es condenar la nación a una historia de más guerra” de pronto este es un agujero para introducir la llave.

El llamado a firmar y cumplir, hecho por el ELN, convoca una reflexión en torno a la construcción de los grados de confianza que pueden tener las partes en los procesos. Existe un pésimo precedente a este respecto que es necesario superar, porque en este país, todos los procesos de negociación con el Estado y la misma confianza en los acuerdos, en los funcionarios y las instituciones se han precarizado: en la década del 50, la desmovilización de la guerrilla liberal termina con el asesinato de Guadalupe Salcedo; los acuerdos del proceso de La Uribe acaban con el genocidio de la UP; el proceso de paz con el M-19 y el EPL, con los asesinatos de Carlos Pizarro Leongómez  y Oscar William Calvo, los pactos de sometimiento a la justicia de los capos del narcotráfico, con la muerte de Pablo Escobar y la extradición de los Rodríguez Orejuela; los de los narco-comandantes de las AUC, en el marco del proceso de la Ley de Justicia y Paz, con la extradición de los victimarios y el abandono de los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Esto, para no hablar de la cadena de incumplimientos en que los distintos gobiernos han incurrido con el movimiento indígena, afrodescendiente y social en las distintas regiones del país o, más vergonzoso aún, los acuerdos de cohecho hechos para la reelección del presidente y origen de ese adefesio de proceso llamado Yidispolitica: ¿Como reconstruir la confianza en los procesos políticos en un país, cuando los funcionarios del gobierno saliente se asilan, por falta de garantías y esta actitud cuenta con el respaldo de quien se considera el re-fundador de la nacionalidad y la institucionalidad colombiana?

Esta situación ha generado que las reflexiones sobre los procesos políticos que emplazan la solución negociada del conflicto armado comiencen a pensarse en términos de las responsabilidades de los protagonistas del mismo, en el marco del ordenamiento jurídico internacional y en las competencias de la Corte Penal Internacional;  pero también, en el entendimiento de la necesidad de construir, de manera independiente y soberana, desde las decisiones políticas un orden jurídico que le de seguridad a las partes (incluyendo a la fuerza pública) en la construcción de los acuerdos.

Un proceso de paz con la insurgencia colombiana, más allá de procedimientos, agendas, instrumentos y firma de acuerdos requiere de la reconstrucción de la confianza y la credibilidad en las instituciones. De ahí la importancia del llamado del ELN a conjugar los verbos de la paz: dialogar, acordar, firmar y cumplir.

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente-Investigador, Universidad Nacional de Colombia (Diciembre 24 de 2010)

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