La corrupción sin control genera más corrupción. Por: Marco A. Gandásegui, Hijo
En poco más de dos años, el Gobierno panameño actual
ha logrado desilusionar a sus seguidores y a todos aquellos que sin haber
votado por sus candidatos tenían algo de esperanza en que iba a actuar de una
manera más responsable que las administraciones anteriores. No ha sido el caso.
La corrupción está al orden
del día en los ministerios y en las demás instituciones gubernamentales. Todos
los días hay nuevos escándalos que para el común de la gente se hace difícil
darles seguimiento. En materia de Salud, Seguridad Social, Educación y
Vivienda, los sectores sociales más sensibles, las partidas de miles de
millones de dólares se esfuman sin que se vea su efecto sobre los programas. El
ministro de Salud renunció. La ministra de Educación se quiere ir. El ministro
de Vivienda, un empresario, se siente muy satisfecho con sus programas que
generan enormes ganancias (y pocas soluciones de vivienda).
Igualmente, en los sectores
productivos —como Desarrollo Agropecuario, Comercio e Industrias y la promoción
de los pequeños empresarios— las inversiones se pierden antes de llegar a su
destino. Las concesiones que hace el Gobierno a hidroeléctricas, mineras,
puertos y casinos están generando ganancias extraordinarias para unos pocos
inversionistas sin darle beneficio alguno al país. En el caso de la minera de
cobre, la corrupción se ha extendido a la burocracia del empobrecido distrito
de Donoso que ha creado una pequeña elite que cuenta con toda clase de
beneficios en detrimento de la población.
Según cálculos hechos sobre la
base del indicador llamado producto interno bruto (PIB), las subvenciones que
se hacen a los empresarios son de 5000 millones de dólares. Esta cifra se
compara muy favorablemente a los 500 millones de dólares que gasta el Gobierno
en subvenciones para los sectores más empobrecidos del país. El Gobierno
anunció que en 2017 tendrá un presupuesto que supera los 21 000 millones de
dólares. Gran parte de estos gastos se realizarán para pagar la deuda, tanto
interna como externa.
No hay que olvidarse de que el
presupuesto nacional se ‘arma ' en una oficina muy privada en el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), donde solo tienen acceso los asesores más cercanos
del presidente de la República y los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional. La Embajada de EE.UU. también envía sus observadores
para proteger sus intereses.
Estos últimos son los más
interesados en asegurar que el presupuesto incluya renglones dedicados a la
compra de equipos militares y entrenamiento. Todos los años los gastos
militares crecen y la militarización del país (que no tiene ‘Ejército ')
aumenta. La vieja excusa de la necesidad de defender las fronteras y el extenso
litoral, se vino abajo con la crisis creada por los ‘transeúntes ' que cruzan
las porosas fronteras con Colombia y Costa Rica.
La pregunta es si el barco
gubernamental está haciendo agua y pronto se hundirá. Aunque pareciera ser el
caso, todo indica que mientras más corrupción, más se consolidan el Gobierno y
sus estructuras. Algo parecido ocurrió con los Gobiernos anteriores
(1989-2014). La corrupción se eleva a alturas no vistas anteriormente. A pesar
de su podredumbre, los partidos que los sostienen llegan a las siguientes
elecciones optimistas, seguros de su triunfo. Las urnas, sin embargo, les dan
un mensaje distinto. Le toca a otra fracción de quienes son dueños del país
llegar a gobernar. ¿Hasta cuándo puede durar este
juego?
La propuesta más reciente, que
no es original, es la privatización de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Como dice su nombre, es una institución creada hace 100 años (1914) para
recaudar fondos en beneficio de los sectores de la población más necesitados.
Los ingresos anuales de la Lotería superan los 100 millones de dólares, sin
incluir los enormes recursos que genera y que no llegan al Tesoro Nacional.
El embajador Olimpo Sáez
señala que la reforma a la ley de la Lotería perjudicaría al país y debe ser
rechazado. Según el artículo Segundo A de la reforma, la institución daría en
concesión a empresarios ‘la explotación de cualquier juego similar a la
lotería, de forma directa o indirecta a través de la contratación de personas
jurídicas o naturales dedicadas a la actividad o en régimen de operación
compartida '. Los 100 millones de dólares que ingresan actualmente se reducirían
significativamente para dar lugar a los pagos que se harían (a sí mismas) las
empresas concesionarias.
*PROFESOR DE SOCIOLOGÍA DE LA
UP E INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA.
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